miércoles, 15 de septiembre de 2010

Norma no beneficiaba a Fujimori ni al grupo Colina


El legislador fujimorista, Rolando Sousa, dice que los decretos que regulaban la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos no beneficiaban a ninguno de los perpetradores de atrocidades de lesa humanidad, por tanto no entiende por qué tanto alboroto se produjo. Sin embargo, el abogado de IDL, Carlos Rivera, sostiene todo lo contrario

El presidente de la comisión de Justicia del Congreso, Rolando Sousa, manifestó que el decreto 1097 recientemente derogada no se podía ‘satanizar’. Dijo que los alcances de dicha norma no beneficiaban a los reos sentenciados, sino aquellos que están en una etapa intermedia de sus juicios.
Por tanto, sostiene esta norma no podía favorecer a Alberto Fujimori quien el siete de abril del 2009 recibió la condena de 25 años de prisión, ni al grupo Colina que fueron sentenciados en el 2008.
Caso contrario, el abogado de IDL, Carlos Rivera, indicó que estos decretos podían ser comparables con las leyes de amnistía. “El objetivo final de esta norma era excluir de las investigaciones que están en el Ministerio Público a los militares acusados de graves violaciones de Derechos Humanos”.
Rivera manifestó que estos decretos mostraban una alianza entre el Gobierno y el fujimorismo. “Las normas dadas son parte de una campaña política de una alianza que representa al Poder Ejecutivo y el fujimorismo, partido conservador más comprometido con violaciones de Derechos Humanos”, sostiene.
Cabe recordar que el lunes 14 de setiembre en horas de la noche el Congreso de la República aprobó la derogatoria del Decreto Legislativo 1097, para dejar sin efecto el adelanto de la vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal en caso de violaciones a derechos humanos.
La derogatoria logró en primera votación 90 adhesiones a favor, 1 en contra del legislador Luis Giampietri, y ninguna abstención, tras un debate de casi tres horas.
El cuestionamiento a la norma provenía de las bancadas de oposición, cuyos representantes aseguraban que el dispositivo legal consagraba la impunidad a personas procesadas por violación a los derechos humanos.
Incluso los legisladores del Partido Nacionalista presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, e instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana y la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, cuestionaban su vigencia.