miércoles, 15 de diciembre de 2010

No existe una política que proteja a los migrantes

La doctora Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, hace un análisis sobre la situación del migrante así como del esfuerzo del estado para cumplir con las recomendaciones

- Doctora en vísperas de la celebración del Día Internacional del Migrante (18 de diciembre), considera que el Estado tiene una política migratoria que asegure los derechos de este colectivo?

- En el mes de noviembre del 2009, la Defensoría del Pueblo publicó el Informe Defensorial Nº 146 “Migraciones y Derechos Humanos. Supervisión de las Políticas de protección de los derechos de los peruanos migrantes”, en el cual señaló que no existe una política pública que de modo integral atienda los desafíos de la migración internacional y por ende garantice convenientemente los derechos de la persona migrante, tanto del peruano que sale al exterior como del extranjero que reside en nuestro país.

En dicho documento se formularon una serie de recomendaciones para contribuir al fortalecimiento de la política migratoria del Estado.

- ¿Cuáles son esas recomendaciones?

- Principalmente que el Estado fortalezca su capacidad institucional para implementar una política migratoria a partir de un sistema estructurado multisectorial y multinivel, bajo la rectoría de una única autoridad migratoria con peso y responsabilidad política en los temas de su competencia. Además es una obligación asegurar los recursos técnicos y presupuestales suficientes que faciliten la coordinación de todos los sectores gubernamentales involucrados en la atención del proceso migratorio y que cuente con la participación de la sociedad civil y de la población migrante. De igual forma, se recomendó al Estado cumplir con sus obligaciones internacionales en esta materia.

-Desde la presentación del Informe Defensorial Nº 146 hasta la fecha ¿Considera que el Estado ha dado muestras de querer avanzar en este tema?

De acuerdo con la supervisión permanente que realiza la Defensoría del Pueblo puedo señalar que en el presente año se han observado esfuerzos importantes como la creación de un espacio de coordinación de todas las entidades que tienen relación directa con la protección de los derechos de los migrantes denominada “Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria”, que impulsa el Ministerio de Relaciones Exteriores así como la creación de una Dirección de Migración Laboral y un portal web con información de interés para los migrantes, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

No obstante, todavía estos esfuerzos no se traducen en una política integral que asegure los derechos de los migrantes en todas las etapas del proceso migratorio (antes de su partida, durante el viaje, en el país de destino y para el retorno). Por ejemplo, es necesario que se brinde mayor información a la persona que decide emigrar sobre sus derechos y obligaciones; fortalecer la atención en los consulados para brindar orientación legal y asistencia humanitaria a nuestros connacionales; así como actualizar la Ley de Extranjería que data del año 1991, norma que –además- se encuentra pendiente de su reglamentación.